PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES

"Implicaciones legales para prestadores de servicios profesionales, derivadas de la ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilícita."

Con el objetivo de proteger el sistema financiero y la economía nacional, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, desde su entrada en vigor en el año 2013, ha establecido medidas y procedimientos que permitan prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

- Autor: Rubén Ortiz Ayón

Para lograr los fines propuestos en la citada ley, se ha establecido una amplia coordinación interinstitucional entre autoridades tales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la República, etc., los que permite recabar, recopilar, cruzar información, investigar y perseguir delitos, principalmente los relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Más adelante en este mismo texto abordaremos la definición de lavado de dinero.

La prestación de servicios profesionales independientes, pudiere dar lugar a la necesidad de adoptar los controles y cumplir las obligaciones que la propia ley establece para quienes desarrollen actividades tales como preparar o representar a un cliente en operaciones relativas a compraventa o cesión de bienes inmuebles, la administración, manejo, de recursos, ahorros, valores, activos y cuentas bancarias, la constitución, escisión, fusión, administración de personas morales y/o fideicomisos; pues dicho tipo de servicios han sido catalogados por la multicitada ley, como actividades vulnerables y, por tanto susceptibles de ser utilizadas como medios para canalizar la comisión de actos ilícitos que conlleven al lavado de dinero.

Para entender de manera sencilla a que nos referimos cuando hablamos de lavado de dinero, tomemos como ejemplo la definición que para ello nos da “GAFI” (Grupo de Acción Financiera Internacional), que es un organismo dependiente del Banco Mundial, quien nos dice que, por lavado de dinero, podemos entender el “Procesamiento de ganancias derivadas de actividad criminal, para disfrazar su procedencia ilícita”.

La definición general que nos proporciona GAFI respecto del lavado de dinero, nos permite concluir de manera muy simple que en términos generales “quien opera para hacer pasar dinero ilícito como dinero lícito”, comete el delito de lavado de dinero.

Esta aparente simplicidad con la cual GAFI nos da a conocer en que consiste en términos generales la actividad de lavado de dinero, se complica de manera exponencial al tratar de aplicarlo y/o explicarlo en el caso particular de México, debido esto a la magnitud, complejidad y, penetración de la actividad criminal en las diversas estructuras nacionales y, por tanto, al pretender tipificar el ilícito relativo al lavado de dinero (aunque no se le denomina como tal, sino como operaciones con recursos de procedencia ilícita), en el artículo 400 Bis, del Código Penal Federal, se estableció un tipo penal muy complejo e impreciso que comprende prácticamente cualquier actividad que tenga que ver con el manejo de bienes y recursos, siempre y cuando, se tenga conocimiento de que son el fruto o representan el fruto de actividades ilícitas.

Esta amplitud en la redacción del tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita permite a las autoridades actuar con demasiada discrecionalidad, y permite encuadrar prácticamente cualquier conducta como operación con recursos de procedencia ilícita, lo cual ya ha comenzado a observarse en algunos “casos de relumbrón” que se han filtrado a la opinión pública por parte de los medios de comunicación masiva.

Pero más que evidenciar las fallas o las deficiencias que pudiéremos encontrar en los controles que actualmente nuestro país está implementando para efecto de atacar el flagelo del lavado de dinero, lo que aquí pretendemos es hacer notar que ya se ha dado inicio a una nueva dinámica, a nuestro juicio irreversible, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, como prueba de ello, tenemos la publicación en 2012 y entrada en vigencia en 2013, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que, como ya dijimos antes, ha catalogado diversos servicios profesionales como actividad vulnerable.

No podemos entonces quienes prestamos servicios profesionales independientes, permanecer ajenos a esta nueva dinámica, sino que, por el contrario, debemos tomar en cuenta que probablemente ya estamos participando de actos o actividades catalogados por la ley vigente como actividades vulnerables y, por tanto, podemos ser sujetos de llevar los controles y cumplir con las obligaciones que establece la ley vigente para quienes prestamos servicios personales independientes.

Estamos a su disposición para atender cualquier duda o comentario relacionado con los temas aquí planteados.



VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES:

Cerrar