DISCREPANCIA DE CRITERIOS ENTRE LOS EMITIDOS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Y LOS TRIBUNALES FEDERALES, EN MATERIA DE USO DE EFECTIVO Y METALES PRECIOSOS.


Ya es ampliamente conocido que, en nuestro país, por disposición expresa de la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita”, existen restricciones al uso de efectivo y metales preciosos.

- Autor: Lic. Rubén Ortiz Ayón

Para el cumplimiento de las obligaciones de pago se podrán exceptuar de las prohibiciones a que se refiere el artículo 32 de la Ley, a los comprobantes o fichas de depósitos efectuados directamente por los Clientes o Usuarios en las cuentas bancarias de quien realiza la Actividad Vulnerable, aun cuando dichos depósitos se hayan hecho en monedas, billetes y Metales Preciosos por cantidades iguales o superiores a las establecidas en el referido artículo?

La Ley y sus normas secundarias noestablecen excepciones respecto de la aceptación del pago en efectivo a través del uso de cuenta o depósito bancario, por lo que si bien es cierto al realizar un depósito en efectivo se hace uso de los servicios de las instituciones financieras, no se está aceptando, para cubrir las referidas obligaciones, instrumentos de liquidación o de pago distintos, en términos de lo señalado en el artículo 44 del Reglamento, por lo que en este caso la restricción es aplicable aun cuando la operación se liquide mediante depósito bancario en efectivo. Aunado a lo anterior, se deberá tomar en consideración que un depósito en efectivo en las cuentas de quien realiza la Actividad Vulnerable se incorporará de manera directa en su patrimonio, de igual forma a que si aceptara el pago en efectivo en sus sucursales.

Inconformes con la interpretación de la “UIF”, algunos sujetos obligados llevaron su inconformidad ante los Tribunales Federales y, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitieron tesis de Jurisprudencia en las que consideraron que la restricción o prohibición en materia de cumplimiento y/o liquidación y/o pago de obligaciones que establece la “LEFEPRIORPI”, no operaen tratándose de depósitos de efectivo en cuentas bancarias en instituciones de crédito. Se puede acceder al contenido de dichas Tesis Jurisprudenciales en las ligas siguientes:

Jurisprudencia de la “SCJN”:
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2018/08/anexo%202%20circular%2022%202018.pdf

Jurisprudencia de la Sala Superior del “TFJA”:
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2018/08/anexo%203%20circular%2022%202018.pdf

No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció respecto del contenido de las antes citadas Tesis de Jurisprudencia, emitiendo el criterio particular contenido en el Oficio No. 110/A/295/2018 en materia de depósitos en efectivo, en donde básicamente resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera no es uno de los órganos que por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo estén obligados a observar el contenido de las jurisprudencias emitidas por la “SCJN”, así como tampoco es uno de los órganos que por disposición expresa del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo estén obligados a observar el contenido de las jurisprudencias emitidas por el “TFJA”, siendo esto así porque la Unidad de Inteligencia Financiera, es una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual forma parte de la Administración Pública Federal, donde las Jurisprudencias antes citadas no tienen ámbito de aplicación y, se reitera también por la “UIF” que si es posible aceptar pago o liquidación mediante depósitos bancarios, pero siempre y cuando se observen los umbrales de uso de efectivo y metales preciosos precisados en el artículo 32 de la “LEFEPRIORPI”.


Se puede acceder al criterio de la “UIF” en la siguiente liga de internet:
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2018/08/anexo%201%20circular%2022%202018.pdf

Tenemos entonces que existe notoria discrepancia entre el criterio normativo de la “UIF” y los criterios jurisprudenciales emitidos por parte de la “SCJN” y del “TFJA”.

Ante la discrepancia, nosotros coincidimos con los criterios y razonamientos contenidos en las tesis Jurisprudenciales emitidas por parte de la “SCJN” y el “TFJA”, sin embargo se hace necesario que sea cada sujeto obligado quien, atendiendo al grado de conveniencia y riesgo que deseé adoptar, decida que postura desea tomar, donde una postura conservadora sería la de adoptar el criterio de la “UIF” (evitando posibles multas o verificaciones) y una postura menos conservadora sería la de adoptar los criterios de la “SCJN” y “TFJA” (que en caso de llegar a producir consecuencias adversas, estas pueden dilucidarse de manera efectiva ante los Tribunales Federales).

En espera de que el contenido sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.




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